Este fallo no solo marca un hito jurídico, sino que lanza una señal poderosa de independencia judicial en un país donde el poder, históricamente, ha gozado de impunidad. La justicia, tantas veces señalada por su lentitud, por su selectividad o por su subordinación al poder político, esta vez ha demostrado que aún puede alzar la voz y emitir una decisión basada en pruebas, en hechos y en derecho.
Sin embargo, la reacción no ha sido de consenso ni de reflexión colectiva. Desde la derecha y la ultraderecha política —aquellas que con frecuencia exigen "respeto por las instituciones"— se ha desatado una embestida contra la jueza, contra el sistema judicial, y contra cualquier voz crítica que no se alinee con su relato. Periodistas, medios de comunicación y figuras públicas han incendiado los ánimos, alimentando teorías de persecución y agitando una narrativa de victimización que pretende blindar a Uribe de cualquier responsabilidad.
El problema no es solo la negación del fallo. Es la negación de la realidad misma. A pesar de que el juicio fue público, televisado, con pruebas abundantes y garantías procesales, hay quienes siguen insistiendo ciegamente en la inocencia del expresidente. Lo hacen no por convicción jurídica, sino por fe, como si de una religión se tratara. Y con quienes creen sin querer ver, ni escuchar, ni razonar, es muy difícil sostener un diálogo.
Aun así, el llamado debe ser a la serenidad. Tanto para quienes celebran este fallo como para quienes lo rechazan, el camino debe ser el de la defensa de la institucionalidad, no el del enfrentamiento. Uribe, como cualquier ciudadano, tiene derecho a apelar, a defenderse en segunda instancia, pero también tiene una responsabilidad histórica: no avivar el odio ni la polarización de un país que lleva demasiadas décadas sumido en una guerra interminable.
Es crucial reconocer la labor valiente y rigurosa de la jueza. No es poca cosa emitir un fallo contra uno de los hombres más poderosos del país. En un país donde denunciar a los poderosos puede costar la vida, esta decisión exige coraje y dignidad. Y es también una oportunidad para reconocer que, a pesar de sus fallas y de sus limitaciones, la justicia es lo único que nos queda para evitar caer definitivamente en la ley del más fuerte.
Hay que reformarla, sin duda. Depurarla, fortalecerla, blindarla de intereses políticos y económicos. Pero también hay que protegerla. Porque si la justicia se derrumba, lo único que quedará será la barbarie.
Mientras tanto, duele Colombia. No solo por los delitos que la justicia apenas comienza a sancionar, sino por el abismo en el que seguimos cayendo como sociedad. Mientras el país se divide por la suerte judicial de un expresidente, los temas urgentes —salarios dignos, salud, educación, acceso para los campesinos, reparación a las víctimas— siguen sin respuesta.
Quizás por eso, la imagen de Macondo, el pueblo de las mariposas amarillas, sigue siendo tan vigente. Un país donde todo pasa y nada cambia. Donde lo extraordinario se vuelve cotidiano y lo trágico, costumbre. Pero incluso en ese Macondo, a veces, la justicia aparece. Aunque sea tarde. Aunque incomode. Aunque duela.
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*Comunicador social con énfasis en educación, magíster en comunicación–educación con énfasis en cultura política e investigador doctoral en estudios sociales, en la línea de subjetividades, diferencias y narrativas. Profesor universitario y autor del libro YouTube como ecosistema comunicativo
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